Warsaw, Virginia, 7 de diciembre de 2009.

Northern Neck Regional Jail.

Honorables

Congresistas de la República de Colombia

E.            S.            M.

Reciban un respetuoso saludo seguido por el éxito de sus importantes labores legislativas.

Agradezco la oportunidad que me brindan para hacer unos humildes aportes al propósito político común de alcanzar la paz y la reconciliación, que es de la mayor importancia para el presente y futuro de Colombia.

La ley de justicia y paz se creó con el propósito de reincorporar a la vida social a los grupos armados al margen de la ley que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y como tal está concebida con el propósito de salvaguardar los derechos de las víctimas y de los desmovilizados, adoptando estándares internacionales de justicia transicional con unas exigencias mínimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición, que le sirviera de cauce a la fase judicial de un proceso de negociación político de paz para ponerle término al conflicto social y armado que azota a Colombia hace 6 décadas.

Con nuestro decidido compromiso y valiosa participación, a pesar de todos los obstáculos que nos han colocado, la ley 975 de 2005 ha tenido su primera aplicación práctica, y gracias a ello ha mostrado sus bondades, pero también sus graves falencias que reclaman con urgencia reformas que se ajusten a las exigencias de las realidades actuales del proceso de paz, del conflicto, dentro del propósito político para el que fue creada, de los hechos y su contexto, para que cobijen todas las circunstancias, personas e instituciones involucradas en el conflicto armado, entre un Estado y una legislación que cumplan, que nos protejan, que hagan posible vivir  con plenas garantías de derechos humanos, jurídicos y políticos. Esta ley reclama con urgencia que sea rescatada del abandono en el que ha entrado, y en Ustedes honorables congresistas recae sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar los problemas que aquejan a las poblaciones que los eligieron, especialmente cuando se trata de alcanzar la paz con justicia social tan esquiva para todos los desprotegidos de la nación, que son la mayoría, no pueden desconocer estas necesidades, y son los llamados en medio de esta gran polarización en que se encuentra Colombia, no solo a prorrogarla sino también, a hacer los ajustes y modificaciones a la ley 975, o a crear las condiciones que sean necesarias para alcanzar la paz y la reconciliación.

Son los llamados a crear los mecanismos flexibles pero muy precisos para que los altos tribunales y los operadores judiciales así como el gobierno y sus dependencias no le den una libre interpretación, algunas veces con intereses acomodados y malsanos, como mostraré más adelante, que han permitido lograr los vacíos que tiene la ley, que se evidenciaron desde su creación y se aumentaron al ser objeto de examen de constitucionalidad mediante sentencia C-370 de la Corte Constitucional, cuando declaró algunos artículos fundamentales inexequibles, o exequibles condicionalmente, más por cuestiones de forma que de fondo, y que se han hecho evidentes a través del tiempo con la aplicación de la ley, especialmente en mi caso y el de mis hombres por ser los que más hemos avanzado al estar más comprometidos, y que para subsanarlos han tratado de ser llenados con nueva jurisprudencia, que más que complementar la existente, lo que hace es entorpecerla, porque además de los intereses que motivan a esa jurisprudencia parecen pensadas para ser aplicadas a la criminalidad común de los Estados, y no a la derivada de un conflicto social armado, civil e irregular, lo que además genera desconfianza y no permite tener reglas claras de interlocución con las víctimas, con los actores del conflicto y especialmente con los desmovilizados que se debaten entre avanzar o retirarse del proceso de justicia y paz, ante tanta incertidumbre, ante tanta inseguridad jurídica, política, física, en medio de tanta violencia, de incumplimientos, traiciones, del genocidio que ha cobrado la vida de más de 2.000 desmovilizados y centenares de nuestros familiares para silenciarnos, del narcotráfico que el Estado no ha podido controlar, etc, etc, constatando con dolor que la oferta real política de paz de este gobierno, se ha convertido en más exclusión política, social, económica, aislamiento, cárcel quizás de por vida por las falencias de la ley, extradición o muerte.

Hasta hoy es incierto tanto para las víctimas como para los desmovilizados, el proceso de paz y la aplicación de la ley de justicia y paz que haga viable la impartición de justicia, el esclarecimiento de la verdad, la reconciliación, la reparación y la obtención de una pena alternativa de manera pronta, en un tiempo que no sea violatorio de nuestros derechos fundamentales y que no exceda el máximo tiempo de condena  de 8 años que otorga la ley como pena alternativa. Con la metodología de hoy no alcanzarán los años de este siglo para su aplicación. Por ahora, si comparamos, la justicia ordinaria se aplica en menor tiempo, es más rápida y sin tantos enredos metodológicos ni exigencias, y la condena máxima que otorga de 40 años ^[1] , se convierte realmente en una pena de 6 años ^[2] físicos de cárcel. Lo que además significa que si en justicia y paz nos dan una pena alternativa superior a 6 años, estaríamos recibiendo una condena mayor a la máxima pena que nos darían en justicia ordinaria si  aportamos toda la colaboración que estamos entregando en justicia y paz, lo que se ha convertido en otra de las causales que tiene al borde del fracaso el proceso de justicia y paz, que además impide el avance de otros actores del conflicto y que ha incidido fuertemente en el rearme al darse cuenta los desmovilizados que no existe un verdadero sacrificio de una buena dosis de justicia a cambio de aclimatar la paz, y por el contrario lo que ven es que no importa cuánto hayan colaborado sus ex compañeros, las condenas alternativas nunca llegan, ni siquiera en el caso de los que llevan más de 8 años presos. En pocas palabras, lo que hay es un incentivo perverso para que se silencie la verdad.

Al momento de la creación de la ley de justicia y paz había un desconocimiento casi total –excepto del gobierno Uribe al que le contamos- de la magnitud del entramado del conflicto armado Colombiano de sus implicaciones y derivaciones, pero hoy gracias al compromiso de muchos de nosotros los desmovilizados con el proceso de paz y entre ellos el de reconstruir la verdad necesaria para sanar las heridas y evitar la repetición de esta guerra fratricida que se viene reciclando hace décadas por la responsabilidad  del Estado y aun con su complicidad, ya se tiene gran parte del conocimiento necesario para hacer los ajustes y tomar los correctivos necesarios si en verdad no queremos seguir prolongando el conflicto, el narcotráfico, la corrupción, etc, etc, y generando más víctimas.

El panorama sigue siendo muy complejo mientras exista esta pugna de poderes, donde el gobierno ha impedido que se conozca la verdad para no asumir, entre otros, la mayor carga de responsabilidad que le corresponde a él y al Estado por tantos años de conflicto armado, promoviendo una ley que impide que las poblaciones que estuvieron desprotegidas por ellos y bajo el dominio y control de los diferentes actores de poder del conflicto armado, cuenten sus verdades, sin ser considerados delincuentes comunes, ni ser judicializados por contar los hechos en los que por obligación les tocó participar, ni ir a ser proscritos ni muertos civilmente o físicamente, en este caso, incluso por los nuevos actores que han retomado los territorios que entregamos al gobierno después de nuestra desmovilización donde viven o vivían, por la irresponsabilidad e indolencia de este gobierno. Como está diseñada la ley, ni permite ni promueve contar la verdad y por el contrario estas poblaciones deben ocultar o callar acerca de la verdadera realidad del conflicto que les tocó vivir y a mentir cuando son acusados por la justicia o indagados por la comisión de la verdad que creó el gobierno, es por esto que si las poblaciones y todos no participamos en la reconstrucción de la verdad, el gobierno y los jueces tratarán de establecer una verdad histórica sesgada, parcelada, reescribiéndola empujados por sus pleitos e intereses, egoísmos y retaliaciones desde el código penal y desde la comisión de la verdad que creó y maneja el gobierno a su acomodo, sin tener en cuenta las razones y causales políticas, sociales, culturales, sociológicas, económicas, de seguridad, legales, ilegales e históricas que originaron y siguen alimentando el conflicto interno colombiano,  por eso les impiden participar, porque con ello harían más evidente lo que ya es inocultable: el Estado es el mayor responsable de esta tragedia nacional, del conflicto social armado que hunden sus raíces y razones en la injusticia, la corrupción, en la violencia política impuesta por los partidos y las clases dominantes, en la exclusión política y social, etc, etc, o ¿ Acaso no fue la exclusión política, la falta de representación política de los intereses más necesitados de la población, iniciando por la SEGURIDAD cuando la guerrilla nos convertía en carne de cañón, por la omisión del Estado y de aquellos que decían representar estos intereses, lo que nos convirtió en víctimas y luego –como en este caso- reclutado por el estado, en actor del conflicto, donde generamos violencia y víctimas?   ¿Acaso el conflicto armado y los actores del mismo, no somos la consecuencia de la exclusión política del Estado, de cerrarle los espacios democráticos, de no brindar las garantías de seguridad necesarias a las poblaciones? ¿Acaso esa exclusión y la falta de representación política que ayude a solucionar las necesidades más apremiantes de la población y defienda sus intereses no es lo que sigue generando más víctimas, desplazados, violencia, pobreza, corrupción, narcotráfico y prolongando el conflicto?

¿Acaso el gobierno nacional no es el responsable y el garante de la seguridad y los derechos humanos de los colombianos?

¿Por qué se empeñan en negar las causas, satanizar a los alzados en armas señalando que se trata de delincuencia desprovista de carácter político y no aceptar la existencia del conflicto armado? Detrás de esta visión sesgada y maniquea anida el fantasma de la guerra perpetua, porque desconocer que fuimos un actor político del conflicto social y armado de Colombia, con un gran poder autónomo en lo político, social, militar, económico, que fue de lo local hasta lo nacional, en medio de un entramado legal e ilegal, privado y público, individual y colectivo del que participaron para poder establecernos y expandirnos, las fuerzas armadas, policiales y de seguridad del Estado, políticos, servidores públicos, ganaderos, gamonales, empresarios, profesores, estudiantes, campesinos, etc, etc, algunos -hoy judicializados- y que desde allí luchamos también por conseguir espacios directos de acceso al poder público para dar respuesta a las demandas no solo de seguridad para las poblaciones de todos los estratos de las regiones que controlábamos, sino también a las demandas sociales de las poblaciones marginales y más necesitadas.

Otro ejemplo de ello y de los graves vacios de la ley que se tratan de llenar con una libre interpretación, son algunas jurisprudencias emanadas de los más altos tribunales nacionales, decisiones que como ciudadano respeto pero que, con todo comedimiento considero no consultan las realidades del conflicto armado, y de esta forma se reescribe la historia acomodada a una visión que no se compadece con las verdades vividas, como sucedió con la sentencia que le reconoció a un miembro  de la autodefensa el delito político de sedición, reconociéndonos con ello como actores políticos de conflicto armado y en fallos subsecuentes lo hizo en forma contraria, desconociendo el delito político y de paso la realidad de lo vivido. Además anuló la única sentencia que un tribunal de justicia y paz dicto contra un desmovilizado y ordenó que no se pueden hacer imputaciones parciales, solo de forma extraordinaria, lo que impide hacer acumulación de procesos que se llevan por justicia ordinaria paralelos a los de justicia y paz, que en su mayoría se han iniciado por las copias que compulsan nuestros fiscales en un desgaste innecesario, violatorio de nuestros derechos fundamentales, también hemos encontrado que los diferentes operadores judiciales no han podido cambiar su paradigma y les ha sido difícil entender que la ley de justicia y paz corresponde a una ley de justicia transicional, enmarcada dentro de una política criminal del Estado colombiano que surge de la necesidad de esclarecer hechos punibles que con el mecanismo tradicional de la ley ordinaria no se habían podido esclarecer y conducían siempre a la impunidad, generando zozobra, inseguridad y violación al derecho a las víctimas, por lo que en su parte procedimental no debe aplicarse con tanta exégesis, porque de lo contrario nunca habrá justicia y reparación menos paz y reconciliación. La fiscalía general de la nación ha dictado unas resoluciones reglamentarias para la aplicación de una metodología que nos tomará esta vida y la otra para su aplicación. Los tribunales de justicia y paz aplican criterios diferentes a los de la fiscalía general de la nación que no permite armonizar los procedimientos.

El gobierno nacional además de tratar de llenar los graves vacíos de la ley con una libre interpretación a través de sus decretos reglamentarios también se abrogó cuando presentó el proyecto de ley de justicia y paz aprobado por el Congreso algunas facultades que habilitan de manera activa su participación en la aplicación de la ley a través de una serie de normas que hay que limitar, para que con ello no pueda controlar la dosis de verdad, justicia y reparación que debe darse, ni usurpe con ello la competencia de otras ramas del poder público, en este caso la judicial, ya que estas normas le dan las siguientes facultades, entre otras:

a.       Postular a quienes pueden ser destinatarios de la ley. Con esto el gobierno decide quién puede y quién no entrar a contar las verdades que exige la ley.

b.      Establecer a la agencia presidencial para la ACCION SOCIAL, como la encargada de recibir, administrar y decidir qué bienes de los entregados por los postulados tienen vocación de reparación. Esta agencia se ha negado sistemáticamente y sin justificación válida a recibir la casi totalidad de los bienes ofrecidos por los desmovilizados para reparar a las víctimas, para con esto amenazar con la pérdida de los beneficios de la ley a los jefes desmovilizados y así poder dosificar la verdad.

c.       La ley 975 estableció que los procesados y condenados por justicia y paz pagarían sus penas en sitios especiales conforme a la reglamentación existente. El gobierno no cumplió con ello y no ha permitido reunirnos a los antiguos combatientes de cada bloque de autodefensa en un solo sitio de reclusión para poder reconstruir las verdades con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que exige la ley, impidiéndolo a través del Ministerio del interior y justicia y del INPEC, su dependencia encargada del manejo carcelario.

d.      Decidir sobre la extradición, la cual condiciono a través de un acto administrativo donde estableció que no se produciría siempre que se cumpliera con los compromisos adquiridos en justicia y paz. Acudiendo a la vía de hecho el gobierno nacional incumplió la motivación de la resolución que impedía la extradición, ya que hasta el día de hoy no existe una sentencia judicial de autoridad competente en firme que demuestre que los miembros de las autodefensas extraditados, incumplieron con los compromisos de justicia y paz; aún más, el saliente fiscal general de la nación Mario Iguarán Arana aseveró en Mayo de este año que “La fiscalía no ha encontrado elementos que soportan la extradición de los desmovilizados de las AUC que están en justicia y paz”, lo que significa que el presidente con nuestra extradición violó el principio constitucional de confianza legítima y buena fe, el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, nuestros derechos fundamentales y los de las víctimas y el principio esencial de la separación de poderes dentro del Estado social de derecho, lo que demuestra la ilegalidad de nuestra extradición para con ella silenciarnos.

Lo escrito hasta aquí pone de manifiesto algunos de los graves problemas que afrontamos y son ustedes como los representantes de las poblaciones afectadas por el conflicto, unos de los llamados a ayudarnos a solucionarlos, por ello me atrevo a hacerles algunas humildes recomendaciones:

1.- Hacer unas reformas sustanciales a la ley y al proceso de paz, de reconciliación articuladas y complementarias en lo político y social, con reglas claras muy precisas que se puedan cumplir ajustadas a las exigencias de las realidades que no fueron tenidas en cuenta desde el comienzo ni por el Gobierno ni por los legisladores ni por las cortes que no dimensionaron la magnitud del reto y que muestran con absoluta contundencia  su insuficiencia ante el propósito de alcanzar la paz con  verdad, justicia, reparación y no repetición.

2.- Crear un  grupo interdisciplinario conformado por las distintas ramas del poder público que se encargue de ejecutar el proceso de paz dentro del marco de la política criminal planteada dentro del mismo. Por ejemplo, desarrollar versiones libres colectivas y no individuales, implementando una metodología distinta a la actual que sea muy eficiente y coherente con las exigencias del proceso, con el objetivo de darle celeridad para no permitir que los procesos se vuelvan incumplibles e interminables, y evitar que con ello se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas y de los desmovilizados. 

3.-  Crear una comisión internacional de la verdad que permita la participación de las poblaciones en la reconstrucción de las realidades que vivieron y que aún viven, creando mecanismos que vayan más allá de lo estrictamente penal y de ser necesario, que se pueda aplicar un principio de oportunidad con la finalidad de hacer viable un diagnóstico real de la verdad que algunos tratan de ocultar y disfrazar utilizando todo tipo de estrategias y eufemismos, diagnóstico que sirva como punto de partida para encontrar fórmulas para alcanzar la paz y evite se siga repitiendo y reciclando el conflicto armado o se siga reescribiendo la historia acomodada  a intereses mezquinos. 

4.- Involucrar la responsabilidad del Estado en el conflicto armado, entre otras, para que no tenga pretexto de encontrarle una pronta solución y no se niegue a reconocer a las víctimas, asuma su reparación integral, eficaz, oportuna y justa sin discriminarles y evite que mañana se sigan presentando más víctimas.

5.- Replantear la política de reinserción que ha sido un fracaso y otras de las causas que han incidido en el rearme de muchos desmovilizados y el genocidio de más de 2.000 de ellos.

6.- Repatriar a los extraditados que estén dispuestos a avanzar en justicia y paz con el objetivo de esclarecer los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado, porque los de narcotráfico ya los hemos esclarecido  a las autoridades de Estados Unidos y desde este país jamás nos darán las condiciones para cumplir con las exigencias de la Ley en Colombia y menos con las víctimas. Permitirnos participar del proceso a través de una videoconferencia resuelve el problema accesorio y no el fundamental para el que fue creada la ley.

7.- Implementar mecanismos eficaces con nuestra participación que permitan la erradicación del flagelo del narcotráfico, conozco por qué fallan las estrategias utilizadas hasta hoy, sé cómo ayudarles a reducir los cultivos en más de un 90% en un tiempo no mayor a dos años y a reactivar las economías lícitas que lo sustituyan.

8.- Los delitos de las guerrillas y autodefensas están enmarcados dentro de un contexto de guerra donde ejercieron control territorial, se sostuvieron en él, cobraron tributación, impusieron la ley, la justicia y la disciplina en nombre de una autoridad de facto, etc, etc, como actores políticos del conflicto social armado al que fuimos llevados por la exclusión política, social y económica a la que nos sometió el Estado, por lo que pedimos que se reconozca el delito de la autodefensa como lo que es: un delito político y a su vez la participación de quienes hayan pagado las penas en escenarios públicos y democráticos, para que no tengan que seguir expresando sus ideas políticas a través de las armas y la violencia, para que se puedan reinsertar a la sociedad con todos los derechos y se integren legítimamente a la vida democrática.

9.- Abordar el tema de la tierra dentro del conflicto armado y las reformas necesarias, ya que la inmensa mayoría de tierras usurpadas en esta guerra no están en poder nuestro, sino en poder de aquellos inversionistas que compraron cuando el conflicto estaba en su expresión más álgida y se beneficiaron de ello, con el grave perjuicio de los campesinos y colonos que quedaron en la mitad del fuego cruzado y de un Estado que los desprotegió y no contuvo este conflicto y su barbarie, que él mismo generó con su exclusión, y promovió con sus acciones u omisiones, generando miles de víctimas y millones de desplazados. 

El gobierno, ustedes como Congreso y la justicia deben asumir sus compromisos y responsabilidades para saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la nación entera, al excluirnos de darnos los beneficios de la paz que nos deben y otros más, de los que solo unos pocos gozan, y de proteger y garantizar la vida y demás derechos que esa gran cantidad de colombianos no tienen como hacerlo.

Después de todo lo sucedido no se entendería que no se incluya también permitir nuestra colaboración después de la desmovilización. Permítanme por favor ayudarlos a Ustedes y a la sociedad a mejorar y llevar a buen puerto este primer proceso de paz enmarcado dentro de unos estándares de justicia transicional, soy el mejor ejemplo para que juntos lo logremos.

Con todo respeto,

SALVATORE MANCUSO GOMEZ