Colombia, 6 de julio de 2010

Los ex comandantes desmovilizados de las autodefensas campesinas, actualmente acogidos al régimen de justicia transicional contemplado en la ley 975 de 2005, respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de formular algunas comedidas reflexiones, a propósito de su propuesta al presidente electo doctor Juan Manuel Santos, encaminada a considerar, entre otros, la temática de víctimas y tierras, como componente del gran Acuerdo de Unidad Nacional.

Comenzamos por reiterar, en cuanto a las víctimas del conflicto interno respecta, que ninguna posición o aporte nuevo que pudiera considerarse, podrán ser ajenos a los referentes de la verdad y la reparación, obligaciones que hemos asumido como condiciones sustantivas de la justicia conmutativa, de la cual fue oferente el Estado en representación de la nación, como el instrumento de superación de la violencia desatada por los aparatos armados organizados, tanto en el interior del fenómeno paramilitar cuanto en el seno del movimiento guerrillero.

Para hablar sólo de lo que a nosotros concierne, significamos con lo expresado en las últimas líneas, que el aparato armado –inmerso dentro del fenómeno macro del paramilitarismo- constituye la punta del iceberg de este fenómeno cuya magnitud, aún no se ha exhibido ante los ojos del país en su real dimensión. Mientras tal circunstancia perviva, el paramilitarismo, hijo de la impunidad consentida, reproducirá en el tiempo y en el espacio, como la hidra de Lerna, su brazo armado.

Creemos, a modo de ejemplo, que cuando el Dr. Petro plantea ante el país la existencia en abstracto de 4 millones de hectáreas de tierra del más alto valor comercial, en manos del paramilitarismo y de lo que denomina las mafias del poder, no podrá estar refiriéndose al reducido número de dos docenas de ex comandantes de las extintas autodefensas, sometidos voluntariamente a la Justicia, como dueños en la sombra de semejantes extensiones. Pensando que sus cálculos, acaso discretos, abarcan la cobertura del fenómeno paramilitar en pleno, donde campean políticos, empresarios, funcionarios de alto nivel, grandes contratistas, inversionistas extranjeros y miembros de la fuerza pública. Todos ellos, ojalá, tan próximos a los beneficios de la Justicia de transición, como lo tendría que ser ante la sociedad su honesto compromiso con la verdad y la reparación, expuesta y jurada en los mismo escenarios judiciales, adonde concurrimos hoy nosotros bajo igual consigna y desde luego con la promesa irreversible del NUNCA MÁS.

Si ciertamente la opinión pública miró con beneplácito los alcances del inconcluso y controvertido proceso de paz, entre el Gobierno Nacional y las autodefensas campesinas, en cuanto a la real desactivación de las estructurar armadas, que eran la fuerza de choque del fenómeno paramilitar; tampoco resulta menos cierto que el país continúa evidentemente insatisfecho, y confía que la ley de Justicia y Paz, enfocada hoy principalmente a los ex combatientes, sea sometida a los ajustes que aconsejan las circunstancias actuales, para que realmente se convierta en el instrumento idóneo que le ponga fin al fenómeno paramilitar, el cual no estuvo en el orden del día de la mesa de negociación ni interesó al proceso de paz aludido.

Estamos atentos y muy interesados en participar y aportar, por los medios que se nos facilite, en el debate que insinúa la propuesta al nuevo gobierno. Nos parece que el problema concreto del acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, y la consiguiente injusticia social contra el campesino, temáticas en las que con tanto empeño han persistido Uds., atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera… aquella que nosotros conocimos, vivimos y protagonizamos durante más de 25 años de permanencia en los escenarios del conflicto.

De nada valdrá la desmovilización y desarme de las estructuras de autodefensas; de nada valdrá la comparecencia de los ex combatientes a la Justicia; de nada valdrá la aplicación del beneficio punitivo de la pena alternativa; en fin, de nada valdrá la verdad y la justicia a medias si quienes personifican el fenómeno paramilitar desde los distintos estadios de la sociedad y el Estado continúen agazapados detrás de los parapetos del poder político y económico, evadiendo a cualquier precio, la responsabilidad que están llamados a asumir.

Es incuestionable que la paz se construye a partir de los presupuestos básicos de Justicia, Verdad y Reparación. Pero no es dable concebir que este compromiso sea únicamente deber de quienes materializaron la guerra. La para-política como la para-institucionalidad, la para-economía, entre otros, tienen su puesto en el banquillo de los acusados, como hoy lo tenemos en las cárceles quienes hartados de la guerra asumimos el gesto honesto de renunciar a la violencia, presentándonos ante Colombia con el único rostro que poseemos.

Con nuestros más sinceros deseos de aportar a la construcción de un mejor país.

Respetuosamente,